Cierre vial de 76 días aislará al Catatumbo del resto del país

Catatumbo.

A partir del próximo 3 de julio, y hasta el 3 de noviembre, la vía que conecta a Ocaña con Río de Oro, uno de los principales corredores del nororiente colombiano, permanecerá cerrada de manera parcial y, en varias fechas, de forma total, según lo establece la Resolución 528 de 2025 emitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

La medida, que contempla trabajos de reparación en el interceptor de aguas residuales de Río Tejo —una obra considerada prioritaria por el grave problema de salud pública que representa en Ocaña desde hace más de una década—, ha generado preocupación entre líderes sociales, transportadores y empresarios de Norte de Santander por la falta de socialización y previsión del Gobierno Nacional frente a las consecuencias que traerá el aislamiento vial de esta zona.

“Lo que preocupa no es la necesidad de la obra, sino que no hubo una planificación adecuada para mitigar el impacto. Estamos hablando de que el departamento va a quedar incomunicado con el resto del país durante 76 días, en una región ya golpeada por el orden público”, advirtió Marlon Chacón, empresario y veedor ciudadano.

Según Chacón, ni los gremios transportadores, ni los comerciantes ni las comunidades directamente afectadas estaban enteradas de estos cierres, lo que ha generado molestia y desconcierto. “Hablé con conductores que cubren la ruta Cúcuta-Ocaña y no tienen idea de lo que va a pasar en menos de un mes”, agregó.

El año pasado, el Invías había asegurado que no se contemplaban cierres definitivos para la ejecución de esta obra. No obstante, el nuevo cronograma establece cierres totales los días 3 de agosto, 17 de septiembre y 3 de noviembre, además de cierres parciales durante el resto del periodo.

Una de las mayores preocupaciones recae en el transporte de carga pesada. Actualmente, desde Norte de Santander se movilizan más de 5 millones de toneladas de productos hacia los puertos del país a través de esta vía. Con el cierre, los vehículos deberán tomar rutas alternas como Pamplona–Bucaramanga–San Alberto, lo que implica recorrer al menos 108 kilómetros adicionales y asumir sobrecostos estimados en 36 mil millones de pesos por concepto de peajes y combustible.

A la fecha, no se han establecido rutas alternas oficiales ni se ha pronunciado públicamente ningún congresista del departamento sobre esta situación. Los veedores han solicitado al Gobierno Nacional revisar el esquema de cierres y garantizar que las comunidades del Catatumbo y el norte de Santander no queden aisladas.

“Estamos hablando de una región estratégica y olvidada al mismo tiempo. Ya enfrentamos masacres, ataques armados, y ahora también el abandono en la planeación de obras públicas. No podemos seguir callando”, concluyó Chacón.